Wilson Camacho rechaza apelaciones a la “lástima” de imputados caso Senasa y cuestiona supuestas ofertas de colaboración

 

El procurador adjunto y titular de la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, sostuvo que las decisiones judiciales en el proceso contra los imputados de la operación Cobra deben basarse estrictamente en el derecho y no en consideraciones de “lástima”, al replicar durante el conocimiento de la medida de coerción por el presunto desfalco de más de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Camacho afirmó que los imputados no se detuvieron por voluntad propia ni por reflexión moral, sino porque fueron arrestados tras una investigación del Ministerio Público. “Se detienen porque los detuvimos”, expresó, al tiempo de insistir en que el tribunal debe adoptar una decisión objetiva y jurídica, sin dejarse influenciar por argumentos emocionales.

El magistrado también cuestionó duramente las reiteradas manifestaciones de algunos imputados sobre su supuesta disposición a colaborar con la investigación. A su juicio, ofrecer colaboración futura carece de valor jurídico y constituye una forma de chantaje procesal. “La colaboración del futuro no existe, no es útil ni es eficaz”, sentenció.

Camacho subrayó que la verdadera cooperación debe ser inmediata, efectiva y verificable, con entrega real de información y pruebas al Ministerio Público. En ese sentido, señaló que quienes realmente deciden colaborar no tienen motivos para obstaculizar la investigación, porque ya han aportado los elementos necesarios.

El titular de Persecución sostuvo que prometer colaboración sin materializarla es un acto de hipocresía y recordó que, en su experiencia, quienes desean cooperar acuden directamente al Ministerio Público. “El que quiere colaborar, se para y colabora”, afirmó.

Finalmente, Camacho explicó que el ordenamiento jurídico establece consecuencias procesales claras para los comportamientos de los imputados y que solo quien coopera de manera efectiva puede generar una expectativa razonable de solución dentro del proceso penal, reiterando que el Ministerio Público cumple lo que promete cuando la colaboración es real y útil para la justicia.