Jueza exige al gobierno de Trump rendir cuentas sobre esfuerzos para repatriar a Kilmar Ábrego

 

AP.- Una jueza federal en Maryland volvió a exigir al gobierno del presidente Donald Trump que informe qué ha hecho, si es que ha hecho algo, para cumplir con la orden judicial que obliga a repatriar a Kilmar Ábrego García desde una prisión en El Salvador, donde permanece encarcelado tras una deportación considerada ilegal.

La jueza Paula Xinis había concedido al gobierno una pausa temporal de siete días para presentar esa información. Sin embargo, al vencer ese plazo, estableció nuevas fechas en mayo para que funcionarios federales testifiquen bajo juramento sobre cualquier acción concreta que hayan realizado para traer de vuelta a Ábrego a Estados Unidos.

Ábrego García, de 29 años, fue deportado en marzo pese a que estaba protegido por una orden judicial emitida en 2019 por un juez de inmigración, que reconocía que su vida corría peligro en su país de origen. El joven salvadoreño había llegado a EE. UU. a los 16 años, vivía en Maryland desde hacía más de una década, trabajaba en la construcción y tenía tres hijos.

El caso ha generado tensión entre el poder judicial y la administración Trump, que lo vinculó con la pandilla MS-13 basándose en tatuajes, ropa y el testimonio de un informante. Ábrego nunca fue acusado formalmente, y sus abogados han insistido en que esas pruebas son poco sólidas, además de señalar que nunca ha vivido en Nueva York, donde supuestamente pertenecía a un capítulo de la pandilla.

A pesar del fallo de la Corte Suprema del 10 de abril, que obligaba al gobierno a facilitar su regreso, no se ha reportado ninguna acción efectiva. La jueza Xinis incluso reprendió a uno de los abogados del gobierno por no poder explicar qué medidas concretas se habían tomado.

En medio de esta situación, Trump declaró a ABC News que podría llamar al presidente de El Salvador para gestionar el regreso de Ábrego, aunque mantuvo su postura de que el joven pertenece a la MS-13.

La Corte de Apelaciones, sin embargo, respaldó firmemente la orden de Xinis de exigir información al gobierno, subrayando que no interferirán con el intento legítimo de una jueza de aplicar un fallo de la Corte Suprema.

Este caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre las políticas migratorias del gobierno de Trump y el poder judicial, especialmente cuando se trata de garantizar el respeto a los derechos de los inmigrantes y a las decisiones judiciales previamente establecidas.

Por Tania Frías