EE.UU. alerta a sus ciudadanos en Medio Oriente ante el riesgo de una escalada repentina

 

La investigación, que comenzó con una denuncia por autorizaciones médicas desconocidas por afiliados, ha atravesado casi dos años de pesquisas, allanamientos y procesos judiciales. La nueva fase dejó 28 detenidos y amplió el foco hacia médicos y prestadores de servicios de salud.

Lo que comenzó como una investigación por presuntas irregularidades en autorizaciones de servicios médicos dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) ha evolucionado hasta convertirse en un amplio expediente judicial que involucra a exfuncionarios, empresarios, médicos y prestadores de servicios de salud.

El caso volvió a colocarse en el centro de la atención pública el viernes 18 de septiembre de 2026, cuando el Ministerio Público desplegó la Operación Cobra 2.0-A, una nueva fase de las investigaciones que dejó 28 personas detenidas tras la realización de 37 allanamientos en diferentes puntos del país.

Sin embargo, el origen de las pesquisas se remonta a casi dos años atrás.

Una denuncia en noviembre de 2024

Uno de los primeros antecedentes documentados ocurrió el 28 de noviembre de 2024, cuando SeNaSa presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar solicitudes de autorizaciones correspondientes a procedimientos y consultas médicas que posteriormente fueron desconocidas por afiliados cuyos datos figuraban en los registros.

A partir de entonces, las autoridades comenzaron a profundizar las investigaciones sobre las autorizaciones, facturaciones y operaciones realizadas a través de la aseguradora estatal.

Las pesquisas fueron creciendo y abrieron nuevas líneas de investigación relacionadas no solo con la prestación de servicios médicos, sino también con contratos, proveedores y el manejo de recursos dentro de SeNaSa.

Cambio de dirección en SeNaSa

Meses después, el 13 de agosto de 2025, Santiago Hazim salió de la Dirección Ejecutiva de SeNaSa. Dos días más tarde, el Gobierno anunció la designación de Edward Guzmán Padilla para ocupar el cargo.

Para ese momento, las investigaciones sobre las operaciones de la aseguradora continuaban avanzando, aunque todavía no se había producido la ofensiva judicial que meses después llevaría el caso a los tribunales.

Fue en diciembre de ese mismo año cuando el expediente tomó una dimensión distinta.

Diciembre de 2025: estalla la Operación Cobra

El Ministerio Público puso en marcha la denominada Operación Cobra, mediante la cual fueron ejecutados allanamientos y arrestos contra personas que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculadas a un supuesto entramado que habría operado en perjuicio de la ARS estatal.

Entre los arrestados estuvo el exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, además de antiguos funcionarios, empresarios y personas relacionadas con empresas proveedoras.

El 11 de diciembre de 2025, el Ministerio Público depositó una solicitud de medidas de coerción de más de 500 páginas contra los primeros imputados y solicitó que el expediente fuera declarado complejo.

La acusación preliminar atribuyó diferentes delitos a los investigados, entre ellos asociación de malhechores, coalición de funcionarios, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.

Cuatro días después, el 15 de diciembre, el tribunal impuso medidas de coerción contra los diez imputados de aquella primera fase. Siete recibieron prisión preventiva por un período de 18 meses, mientras otros tres fueron enviados a arresto domiciliario.

El Ministerio Público ha situado en casi RD$16,000 millones el impacto económico atribuido al supuesto entramado investigado. Se trata de una estimación sostenida por el órgano acusador dentro del proceso y no de una cantidad establecida mediante sentencia definitiva.

Cobra no cerró las investigaciones

La judicialización de los primeros implicados no significó el final de las pesquisas.

Durante 2026, el Ministerio Público continuó rastreando operaciones y ampliando el número de personas bajo investigación. El foco comenzó a extenderse hacia otros actores que presuntamente habrían participado en diferentes niveles del esquema investigado.

Entre ellos aparecieron médicos, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con procesos de autorización y facturación de servicios médicos.

El 4 de septiembre de 2026, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió cuatro meses adicionales para completar las pesquisas y presentar la acusación contra los primeros procesados. El plazo fue extendido hasta el 11 de diciembre.

Nueve meses después llega Cobra 2.0-A

La segunda gran ofensiva del caso llegó el viernes 18 de septiembre de 2026.

Ese día, decenas de fiscales y agentes policiales salieron desde tempranas horas a ejecutar simultáneamente 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

El despliegue dejó 28 personas detenidas, entre ellas médicos, prestadores de servicios de salud y personas vinculadas al sector farmacéutico.

En el operativo participaron 45 fiscales, alrededor de 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales.

La nueva fase representa un cambio importante dentro del expediente: mientras la primera Operación Cobra concentró buena parte de sus actuaciones en antiguos funcionarios, empresarios y proveedores, Cobra 2.0-A profundiza en quienes presuntamente habrían participado en la ejecución de determinadas operaciones médicas y facturaciones investigadas.

Servicios que afiliados aseguran nunca recibieron

Entre los aspectos examinados en esta segunda etapa figuran presuntas autorizaciones y cobros correspondientes a procedimientos que algunos afiliados aseguran no haber solicitado ni recibido.

Una de las líneas de investigación abarca 4,363 autorizaciones relacionadas con cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por aproximadamente RD$41.1 millones.

Según la tesis investigativa del Ministerio Público, datos reales de afiliados habrían sido utilizados para gestionar autorizaciones y posteriormente generar facturaciones correspondientes a servicios que las personas consultadas durante las pesquisas negaron haber recibido.

También se investigan posibles irregularidades relacionadas con firmas y documentos utilizados para respaldar algunas de esas operaciones.

Interrogatorios y una investigación que continúa

Este sábado 19 de septiembre, parte de los detenidos fue trasladada a la Procuraduría General de la República para continuar los interrogatorios, luego de permanecer bajo custodia tras los allanamientos.

Ahora corresponde al Ministerio Público determinar la situación individual de cada detenido y establecer contra quiénes presentará solicitudes de medidas de coerción y cuáles serán las imputaciones específicas.

Casi dos años después de aquella denuncia por autorizaciones médicas desconocidas por afiliados, el caso SeNaSa continúa ampliándose. La Operación Cobra 2.0-A abre una nueva etapa que traslada parte del foco hacia profesionales y prestadores de servicios de salud, mientras el expediente original contra los primeros imputados continúa su curso en los tribunales.