Samuel Pereyra demanda a Carlos Rubio en Florida por supuesta extorsión y ataques contra su familia

 

Por Israel Figueroa.– El presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra Rojas, informó este domingo que inició acciones legales en el estado de Florida, Estados Unidos, contra el influencer Carlos Rubio, a quien acusa de presunta extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes relacionadas con él y su familia.

A través de un comunicado público, Pereyra explicó que decidió pronunciarse tras considerar que los ataques trascendieron el ámbito político y afectaron directamente a sus hijos menores de edad y a su entorno familiar.

“Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con el cargo público y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme”, expresó.

El funcionario recordó que en 2020 dejó sus responsabilidades en el sector privado para asumir la dirección del Banco de Reservas durante uno de los momentos más difíciles para el país y el mundo debido a la pandemia del COVID-19.

Asimismo, afirmó que actualmente continúa en el servicio público como presidente del Consejo de Refidomsa y señaló que tanto él como su familia asumieron ese compromiso convencidos de aportar al país.

Pereyra sostuvo que el servicio público implica sacrificios familiares, exposición mediática y fuertes presiones, aunque aseguró que ayudar a transformar el país compensa gran parte de esos costos personales.

En el documento, explicó que decidió interponer la demanda en Estados Unidos debido a que Carlos Rubio reside actualmente en el estado de Florida.

Según indicó, los hechos responden a un supuesto esquema de chantaje que se habría producido luego de negarse a entregar una “ayuda económica”.

“Tras negarme a entregarle una ayuda económica, el señor Carlos Rubio comenzó a realizar ataques sistemáticos a través de sus redes sociales, dirigidos a lesionar mi reputación y, de manera particularmente grave, a involucrar y exponer a mi familia”, manifestó.

El funcionario afirmó que recurrió a instancias legales nacionales e internacionales con el objetivo de proteger sus derechos y los de su familia, así como establecer un precedente frente a este tipo de conductas.

También aseguró que prácticas como la extorsión y la difamación afectan la vida institucional del país y desmotivan la participación de ciudadanos en el servicio público.

“Hago un llamado a empresarios, políticos, funcionarios públicos, periodistas y a todos los sectores de la sociedad que se sientan afectados: cortemos de una vez por todas estos esquemas de chantaje y extorsión”, expresó.

Pereyra reiteró que respeta la libertad de expresión y el derecho a la crítica responsable, aunque consideró que la exposición de menores de edad y la difusión de informaciones falsas constituyen abusos que deben ser sancionados conforme a la ley.