Millonaria deuda de FarmaCard afecta a farmacias en medio de los cuestionamientos a SeNaSa

 

A pesar de que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) desmontó el modelo de gestión operado por FarmaCard tras el estallido del caso que posteriormente derivó en la denominada Operación Cobra, cientos de farmacias del país aseguran que continúan enfrentando las consecuencias económicas de ese esquema.

El equipo de N investiga realizó un reportaje que expone las denuncias de la Asociación de Dueños de Farmacias del Cibao, cuyo representante advierte sobre una serie de irregularidades que, según sostiene, estarían afectando al sector farmacéutico de la región y  mantienen cuentas pendientes por cobrar a FarmaCard, algunas con retrasos de hasta dos años.

José Ramón Fernández, vocero de la entidad, aseguró que la situación mantiene en estado de incertidumbre a gran parte del sector farmacéutico nacional.

“Tenemos farmacias que llevan hasta dos años sin recibir pagos. Hay otras con retrasos de ocho meses, un año o seis meses. La deuda acumulada supera los 50 millones de pesos”, afirmó.

Según explicó, los propietarios de farmacias atribuyen los retrasos a procesos burocráticos implementados por la empresa intermediaria, los cuales, aseguran, generan constantes objeciones a las facturaciones presentadas.

“Buscan cualquier observación para rechazar o retrasar los expedientes. Los dueños de farmacias no encontramos cómo resolver la situación porque no existe una vía efectiva de respuesta”, señaló Fernández.

El dirigente explicó que han llevado sus reclamos ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), entidad que, según dijo, les ha informado que trabaja en el caso. Sin embargo, aseguran que los pagos continúan sin materializarse.

La situación, advierten, está provocando graves consecuencias financieras para los establecimientos farmacéuticos, especialmente para pequeños negocios que dependen de esos recursos para mantener sus operaciones.

“Los dueños de farmacias estamos al borde de la quiebra. Más de 50 mil empleos directos e indirectos están en riesgo. Necesitamos que las autoridades intervengan y que SeNaSa también asuma una posición más activa frente a este problema”, expresó.

Fernández manifestó además preocupación por las posibles repercusiones del proceso judicial que se desarrolla en torno a la Operación Cobra, investigación que involucra a exfuncionarios, empresarios y contratistas vinculados a la gestión del régimen subsidiado de SeNaSa.

“Esperamos que el proceso no termine afectando aún más al sector farmacéutico. Ya no resistimos más cargas económicas y ahora enfrentamos esta situación que amenaza nuestra supervivencia”, sostuvo.

Una deuda que sigue pendiente

Mientras el país sigue de cerca el desarrollo judicial de la Operación Cobra, propietarios de farmacias aseguran que continúan asumiendo solos el costo de medicamentos ya dispensados a miles de afiliados.

Aunque SeNaSa sustituyó el esquema operado por FarmaCard e implementó la plataforma SeNaSa 360 para gestionar directamente las autorizaciones, los farmacéuticos afirman que las deudas acumuladas por la empresa intermediaria permanecen sin solución, comprometiendo la estabilidad financiera de cientos de negocios que garantizan el acceso a medicamentos en comunidades de todo el país.