¿Del granero del sur a distrito minero? El impacto del proyecto Romero en San Juan

 

El proyecto minero Romero ha colocado a la provincia de San Juan en el centro de uno de los debates socioambientales más intensos de los últimos años en República Dominicana. Mientras la empresa GoldQuest Mining Corporation defiende la viabilidad de una minería moderna, comunidades, agricultores, líderes religiosos y organizaciones sociales advierten sobre riesgos irreversibles para el agua, la agricultura y la vida en la región.

San Juan no es una provincia cualquiera. Conocida como el “granero del sur”, su economía depende directamente de los recursos hídricos que nacen en la Cordillera Central, un sistema montañoso clave que alimenta cientos de ríos y arroyos en todo el país. En este territorio, el agua no solo es un recurso: es la base de la producción agrícola y de la seguridad alimentaria.

Sin embargo, ese equilibrio podría verse alterado con el desarrollo del proyecto Romero, destinado a la extracción de oro, plata y cobre en la comunidad montañosa de Tireo. La iniciativa, impulsada por GoldQuest a través de su filial en el país, ha pasado por múltiples fases de exploración desde inicios de los años 2000, incluyendo más de 170 perforaciones y cerca de 47 mil metros excavados.

El conflicto tomó fuerza en 2015, cuando la empresa anunció resultados positivos sobre un yacimiento estimado en más de un millón de onzas de metales. Desde entonces, la oposición social ha ido en aumento.

En las calles, el rechazo se expresa con consignas como “agua sí, oro no”. Organizaciones como Suroeste Unido por el Agua y la Vida —integradas por agricultores, líderes religiosos y profesionales— advierten que el principal riesgo es la contaminación de los ríos, especialmente el río San Juan, clave para toda la región sur.

“El problema principal es la devastación que podría producir la explotación minera a orillas del río San Juan”, explicó el dirigente agropecuario Manuel Matos, quien sostiene que el impacto afectaría directamente la producción agrícola y el acceso al agua.

Comunidades cercanas como La Higuera, El Naranjal, Juan de Herrera y Hondo Valle, ubicadas en la Cordillera Central, ya reportan cambios en su entorno. Residentes aseguran que la presencia de maquinaria y perforaciones ha comenzado a transformar el paisaje y generar preocupación por el futuro de la zona.

A esto se suma la desconfianza sobre los beneficios económicos prometidos. Algunos comunitarios señalan que, aunque hay acuerdos económicos con la empresa, estos no compensan los posibles daños a largo plazo.

Desde la empresa, el CEO de GoldQuest Dominicana, Luis Santana, defendió el proyecto, indicando que podría generar importantes ingresos para el Estado dominicano, estimando que entre un 56 % y 57 % de los beneficios quedarían en manos del país.

Asimismo, aseguró que se trata de una minería diferente, al ser subterránea y no requerir el uso de sustancias como cianuro o mercurio. Sin embargo, confirmó el uso de ANFO —una mezcla de nitrato de amonio y combustible— como explosivo.

Expertos y comunitarios cuestionan este punto, señalando que el uso de este tipo de explosivos puede generar filtraciones de nitratos en el subsuelo, afectando la calidad del agua y la salud humana.

El temor en San Juan no es aislado. Muchos citan el caso de Cotuí, donde comunidades han denunciado efectos ambientales tras operaciones mineras a gran escala.

“San Juan no quiere repetir lo que pasó en Cotuí”, es una de las principales consignas.

Más allá del impacto ambiental, el debate también plantea un dilema económico. San Juan produce más del 50 % de las habichuelas del país, además de grandes volúmenes de maíz, arroz y guandules. Para muchos, transformar esta zona agrícola en un territorio minero implicaría cambiar su esencia productiva.

El proyecto Romero abarca unas 3,997 hectáreas, pero las concesiones de GoldQuest en la zona superan las 22 mil hectáreas, lo que amplía la preocupación sobre su alcance real.

Desde el ámbito académico, se ha planteado que el problema no es solo el proyecto en sí, sino la falta de una evaluación ambiental estratégica que considere toda la región como un sistema hídrico integrado.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene una postura cautelosa. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó que el proyecto se encuentra en fase de estudios de impacto ambiental, los cuales serán determinantes para cualquier decisión.

El funcionario señaló que no se puede anticipar una aprobación sin resultados técnicos concluyentes, y destacó la importancia de la llamada “licencia social” y la consulta con las comunidades.

El proyecto Romero se ha convertido en mucho más que una iniciativa minera: es un debate sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la promesa de ingresos económicos y el riesgo de daños ambientales, la decisión final definirá no solo el futuro de San Juan, sino también el equilibrio entre crecimiento, sostenibilidad y acceso al agua en República Dominicana.