Recomiendan establecer marco jurídico antes de ceder espacio para lanzamiento de cohetes

 

Aunque el establecimiento de una plataforma de lanzamieno de cohetes la construya y opere una empresa privada dentro del territorio, las responsabilidades por las impredecibles consecuencias que ocasione recaerían sobre el Estado.

En tal sentido, expertos aconsejan que antes de proceder a ceder territorio y espacio aéreo para el establecimiento de una estación para lanzar satélites al aire, establecer reglas claras, marco jurídico bien definido, controles, inspecciones permanentes y las debidas responsabilidades entre las partes.

Estas advertencias y recomendaciones surgen  a propósito de que  el país cederá terrenos, emitirá permisos regulatorios, licencias y la facilitación del espacio aéreo para la construcción, en Pedernales, de un puerto satelital a cargo la empresa a estadounidense Launch On Demand (LOD Holdings).

Especialistas especifican que independientemente de que la empresa sea privada, el Estado es el responsable internacional absoluto de todo lo que se lance desde su territorio.

Eso significa que no existe “neutralidad” del Estado por tratarse de un actor privado.

RIESGOS

Cuando la empresa operativa es privada existen los siguientes riesgos:

Responsabilidad internacional directa para el Estado anfitrión en caso de un accidente, caída de restos, daño ambiental, interferencia satelital o uso encubierto militar.

Es decir, que corresponde al Gobierno responder ante la comunidad internacional y no así la empresa operativa.

Aunque el Estado puede reclamarle a la empresa, pero el daño diplomático es inevitable.

Otra consecuencia sería la tecnología de doble uso que desarrolle la empresa, lo que incremento el riesgo para el país.

Manifestó que un cohete para satélites no es técnicamente distinto de un misil de largo alcance.

Ante este cuadro, los riesgos reales serían: pruebas encubiertas de propulsión militar, transferencia tecnológica prohibida, uso por terceros países bajo “fachada comercial”

Expertos plantean que sin supervisión estatal directa, el país puede convertirse, sin quererlo, en plataforma estratégica de potencias extranjeras.

La complicaciones también abarcarían que en países con instituciones débiles, las empresas privadas suelen exigir exenciones fiscales extremas, pedir zonas “autónomas” o de acceso restringido al Estado, limitar auditorías y blindarse con arbitrajes internacionales, lo que equivale, en la práctica, a ceder soberanía funcional.

EXIGENCIAS MÍNIMAS

Lo recomendable sería ante una instalación de un puerto satelital es que el país tenga control soberano total con derecho a inspección permanente, presencia de autoridades civiles, militares y ambientales, además de  potestad de suspender lanzamientos sin indemnización automática

También un marco legal espacial propio, ley espacial nacional, autoridad espacial o interinstitucional, registro nacional de objetos espaciales, régimen sancionador severo alosa fines de vitar que el Estado queda indefenso jurídicamente.

Establecer prohibiciones expresas en el contrato, como uso militar ofensivo, pruebas de armamento y subarrendamiento sin autorización estatal.

SEGUROS Y GARANTÍAS EXTRAORDINARIAS

La empresa privada debe contratar seguros internacionales multimillonarios, constituir fianzas soberanas, responder por daño ambiental, civil, comercial y diplomático, un seguro normal no es suficiente en actividades espaciales.

Estudios ambientales y sociales independientes no pagados por la empresa directamente y que incluya impacto acústico, residuos tóxicos, afectación marina y aérea y zonas de exclusión y desplazamientos humanos

BENEFICIO NACIONAL VERIFICABLE

En cuanto al reporte de beneficios, no puede permitirse a la empresa privada realizar promesas vagas.

Exigir transferencia tecnológica real, empleo local calificado, acceso preferente del Estado a lanzamientos y participación estatal en decisiones estratégicas.

“Cuando una empresa privada lanza cohetes desde tu territorio, no estás alquilando un terreno: estás prestando tu soberanía”, indicó la fuente.

Deja claramente establecido que si el Estado no controla, no fiscaliza, no legisla previamente, entonces el país asume todos los riesgos.