Esquema criminal en Senasa inició el 21 de agosto con llegada de Hazim, afirma el MP

 

El Ministerio Público asegura que las maniobras fraudulentas detectadas en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) comenzaron el 21 de agosto de 2020, fecha en la que el doctor Santiago Marcelo Hazim Albainy fue designado como director ejecutivo mediante el Decreto 377-20.

Según la solicitud de medida de coerción a los imputados de la operación Cobra, a partir de su llegada al cargo, Hazim habría conformado un círculo de confianza integrado por amigos, asesores y colaboradores cercanos, con quienes ejecutó la creación de una estructura criminal interna orientada al desvío sistemático de fondos públicos y a la manipulación de los procesos administrativos y financieros de la institución estatal.

El expediente señala que dicho esquema operaba como una red organizada con roles definidos, tomando control de áreas estratégicas como finanzas, tecnología, auditoría y análisis financiero, con el objetivo de alterar registros contables y ocultar irregularidades en los estados financieros oficiales.

De acuerdo con la documentación judicial, el entramado habría sustentado sus operaciones en diversas acciones ilícitas, entre ellas: Recepción de sobornos a cambio de contratos y aprobaciones administrativas; falsificación y alteración sistemática de los estados financieros institucionales; manipulación del bordereau y otras cuentas contables para ocultar déficits reales; creación de programas especiales sin sustento financiero ni técnico para justificar pagos irregulares; privatización irregular de servicios vinculados a la Atención Primaria en Salud; y coalición de funcionarios, prevaricación y estafa contra el Estado dominicano.

El Ministerio Público sostiene que estas acciones permitieron la construcción de un esquema de corrupción institucionalizada que operó durante años sin detección inmediata, debido a mecanismos de encubrimiento interno y la supuesta participación de funcionarios clave dentro de la estructura operativa de SeNaSa.

La investigación en curso sostiene que las maniobras fraudulentas provocaron afectaciones patrimoniales significativas al Estado dominicano y comprometieron fondos destinados al sistema de salud pública, cuyo propósito era garantizar cobertura y servicios médicos a millones de afiliados.

El órgano acusador aún no ha revelado si solicitará nuevas medidas precautorias o ampliará la lista de imputados, pero ha confirmado que continúa analizando documentación financiera, contratos, transferencias y auditorías internas vinculadas al período investigado.