TC deja en fallo 8 expedientes clave: Reelección Abinader, armas y audiencias digitales a la espera

 

TC deja en fallo 8 expedientes clave: Reelección Abinader, Armas y audiencias digitales a la Espera

Santo Domingo, RD – El Tribunal Constitucional (TC) ha marcado un hito en la justicia dominicana al dejar en estado de fallo ocho importantes acciones de inconstitucionalidad. Estas decisiones, que se esperan en las próximas semanas, abordan temas de gran relevancia nacional, incluyendo la controversial reelección presidencial de Luis Abinader, el porte de armas para defensores públicos y la implementación de audiencias digitales. 

La sesión, que se extendió por aproximadamente una hora, fue presidida por el magistrado Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente del TC. Este miércoles, el Pleno del Tribunal analizó a fondo cada expediente.

El Debate Clave sobre la Reelección Presidencial

Una de las acciones de inconstitucionalidad más esperadas fue la interpuesta por Ángel Moreta y José Carela de la Rosa. Ellos impugnaron el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional de octubre de 2024.

Esta disposición establece que el actual presidente de la República, Luis Abinader, electo en mayo de 2024, no podrá postularse nuevamente al mismo cargo ni a la vicepresidencia. Los accionantes argumentan que esta norma viola el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el artículo 110 de la Carta Magna, el cual indica que las leyes se aplican hacia el futuro y no de forma retroactiva, salvo en casos favorables a un juicio. Por su parte, el Senado y la Cámara de Diputados han desestimado la impugnación, mientras que la Procuraduría defiende la inviolabilidad de lo dispuesto en la Constitución.

Defensores Públicos Buscan Protección: El Derecho al Porte de Armas

Otro caso trascendental es la petición de Shesnel Calcaño Mena y Emmanuel Taveras Santos. Ellos buscan la modificación de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, para que los defensores públicos de carrera sean incluidos entre los funcionarios con derecho vitalicio al porte y tenencia de armas de fuego.

Calcaño Mena ha enfatizado la necesidad de esta medida, citando los riesgos que enfrentan estos profesionales al asumir la defensa de personas sin recursos, incluyendo casos de criminalidad organizada. Aunque la Ley 277-04 faculta a estos juristas a recibir un arma corta del Estado para su defensa, la Ley 631-16 no los incluye para obtener licencias oficiales. El Senado ha rechazado la acción, y la Procuraduría ha pedido su desestimación al no encontrar contradicción constitucional.

Audiencias Digitales en Tribunales: ¿Consentimiento o Imposición?

Los magistrados también deliberaron sobre la Resolución 21-2025 de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), emitida en abril de 2025. Esta normativa regula el uso de medios digitales en los tribunales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, una medida tomada por el deterioro estructural del edificio.

Amado Moquete, Mercedes Cruz y Robinson Martínez recurrieron el artículo primero de dicha resolución, argumentando que vulnera la Ley 339-22. Esta ley establece que las audiencias virtuales deben contar con el consentimiento de todas las partes involucradas. Martínez recalcó que, si una de las partes no está de acuerdo, la audiencia debe ser presencial. La SCJ, sin embargo, ha solicitado la inadmisibilidad del recurso, considerándolo una cuestión de legalidad ordinaria y no una infracción constitucional.

Otros Expedientes Pendientes de Fallo

Además de estos casos de alto perfil, el Pleno del TC también dejó en estado de fallo otros expedientes cruciales. Estos incluyen:

• La impugnación del artículo 20, numeral 8, de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, presentada por Katherine Esther Arias Sánchez.

• La objeción del Movimiento para el Rescate del CARD, Inc. (Moreca) a varios artículos de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana.

• La acción de Fernando Antonio Guzmán Castro y el Consorcio de Bancas Real contra la Ordenanza Municipal 2/2024 de la Junta Distrital de Boca de Mao.

• La impugnación de Lilia Fernández León contra artículos del Decreto 1290 de 1983, que ratifica el Código de Ética del Colegio de Abogados.

• Una acción presentada por Wilton Martínez Almonte y otros ciudadanos contra la Resolución IDA/DGNO.0063 del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Estos expedientes ahora esperan la sentencia definitiva del Tribunal Constitucional, que tendrá un impacto significativo en diversas esferas legales y sociales del país. El magistrado Valera Montero y los demás jueces presentes en la audiencia pública, entre ellos Eunisis Vásquez Acosta, Domingo Gil y José Alejandro Vargas Guerrero, han concluido el conocimiento de los casos, y se anticipa que las decisiones se anunciarán en las próximas semanas.