Cúmulo de penas, IA y mora judicial centran primera sesión del CNM

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 El CNM inició las evaluaciones para la Suprema. Penas de 60 años, inteligencia artificial y mora judicial marcaron las entrevistas.Los candidatos a la Suprema Corte de Justicia evaluados este 5 de octubre

Los candidatos a la Suprema Corte de Justicia evaluados este 5 de octubre
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició este lunes 5 de octubre las vistas públicas para escoger a los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en una primera jornada marcada por debates sobre las penas de hasta 60 años de prisión, la mora judicial, la transformación digital, el uso de inteligencia artificial en los tribunales y los desafíos que plantea el cibercrimen.

El proceso, encabezado por el presidente Luis Abinader, comenzó a las 9:53 de la mañana en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Para esta primera sesión fueron convocados 21 de los 88 aspirantes que participan en el proceso de selección para cubrir las vacantes existentes en la Suprema Corte.

Las claves de la primera jornada del CNM

  • 88 aspirantes participan en el proceso para ocupar las vacantes de la Suprema Corte.
  • 21 candidatos fueron convocados para la jornada de este lunes 5 de octubre.
  • El cúmulo de penas de hasta 60 años generó posiciones contrapuestas entre los entrevistados.
  • La mora judicial y la duración de los procesos aparecieron repetidamente entre los principales problemas identificados.
  • La inteligencia artificial, la justicia digital y el cibercrimen entraron de lleno en el debate sobre el futuro de la justicia dominicana.

Penas de 60 años dividen a los aspirantes

Uno de los temas que produjo posiciones claramente diferenciadas durante las evaluaciones fue el cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión. Rafael Armstrong Báez García cuestionó que el aumento de las condenas constituya por sí mismo una solución frente a la criminalidad y puso sobre la mesa el debate sobre la función de la pena y las posibilidades reales de reinserción de una persona sometida a condenas de varias décadas.

Miguelina de Jesús Beard Gómez defendió, en cambio, la aplicación de penas acumuladas de hasta 60 años al considerar que pueden resultar proporcionales a la gravedad y cantidad de los hechos imputados. Las posiciones contrapuestas colocaron dentro de las entrevistas del CNM uno de los debates jurídicos surgidos a raíz del endurecimiento de determinadas sanciones penales.

La mora judicial constituyó otro de los ejes de las evaluaciones. Luis Sulpicio Almonó Núñez planteó fortalecer la justicia digital, reducir los retrasos y avanzar hacia una mayor unificación de criterios en materia penal, mientras Teófilo Andújar señaló los problemas relacionados con el traslado de privados de libertad como uno de los obstáculos prácticos que dificultan la celebración de audiencias y prolongan los procesos.

Entretanto, William Radhamés Encarnación Mejía consideró que el endurecimiento de las penas contemplado en el nuevo Código Penal debe ir acompañado de condiciones adecuadas en los centros penitenciarios que permitan la rehabilitación y reinserción de las personas condenadas. A su juicio, consideró que el aumento de las sanciones responde a la necesidad de enfrentar los niveles de criminalidad, pero advirtió que el sistema de justicia debe procurar que quienes cumplan condenas puedan regresar a la sociedad con una conducta diferente.

Inteligencia artificial y cibercrimen llegan al CNM

La transformación tecnológica del Poder Judicial ocupó una parte relevante de las entrevistas. La magistrada Mery Laine Collado defendió la utilización de inteligencia artificial como herramienta de apoyo para mejorar la productividad y agilizar determinados trabajos judiciales, aunque advirtió sobre la necesidad de mantener la responsabilidad humana sobre las decisiones. Collado ha participado, además, en iniciativas iberoamericanas relacionadas con sistemas de productividad jurisdiccional y redacción asistida mediante IA bajo supervisión humana.

Yrcania Casado llevó la discusión tecnológica hacia otro terreno al plantear la necesidad de desarrollar jurisprudencia capaz de responder al cibercrimen y las nuevas modalidades delictivas vinculadas al entorno digital. El planteamiento conecta con uno de los retos que deberá afrontar la próxima composición de la Suprema: interpretar normas concebidas en determinados contextos frente a conflictos que evolucionan al ritmo de la tecnología.

Casación, acceso a la justicia y procesos más rápidos

Otros aspirantes concentraron sus intervenciones en la eficiencia institucional. Román Berroa defendió la continuidad de la transformación judicial y una justicia más accesible, mientras Juan Bautista Castillo Peña abordó los cambios introducidos por la nueva legislación sobre casación y sus posibilidades para agilizar los procesos. Franklin Concepción también trató durante su evaluación la nueva Ley de Casación y el proceso de transformación digital.

Asimismo, Ylona María De la Rocha Camilo consideró que uno de los principales retos del alto tribunal es consolidar una jurisprudencia que permita unificar criterios entre los tribunales y garantizar respuestas semejantes ante casos con características similares. La aspirante destacó los cambios introducidos por la nueva Ley de Casación, promulgada en 2023, y sostuvo que esta normativa fortalece el papel de la Suprema Corte como órgano encargado de contribuir a la coherencia del sistema judicial.

Radhar Coronado abogó por procedimientos judiciales más efectivos y plazos abreviados, mientras Óscar D’Óleo propuso otorgar herramientas a los jueces del Tribunal Superior Administrativo para facilitar acuerdos que permitan disminuir la litigiosidad en materia fiscal. Juan Castillo Cabral, por su parte, centró parte de su intervención en la supremacía constitucional y recordó el principio según el cual las normas contrarias a la Constitución carecen de validez, mientras que Matías Modesto Del Rosario defendió la implementación de una metodología de cero mora judicial, basada en su experiencia de 26 años docentes, con una propuesta que promete impulsar una justicia con un enfoque humano y de mayor cumplimiento normativo.

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