Participación Ciudadana pide que entre en vigor y se corrijan “principales fallas del Código Penal”

 

Participación Ciudadana consideró que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor una vez concluya el período de vacatio legis, aunque reconoció que la normativa fue aprobada con importantes debilidades que deben ser corregidas por el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional.

La organización sostuvo que extender el plazo para la entrada en vigencia del Código Penal no sería un precedente adecuado para el sistema legislativo, por lo que entiende que las modificaciones necesarias pueden realizarse antes o después de que la ley comience a aplicarse.

Entre las principales correcciones que plantea figura la incorporación de las tres causales como eximentes de responsabilidad penal en la interrupción del embarazo, con el objetivo de proteger la salud y la dignidad de las mujeres.

Asimismo, reiteró la necesidad de despenalizar los delitos de difamación, injuria y ultraje, al considerar que estas figuras penales limitan la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, contrario a la tendencia adoptada en otros países.

La entidad señaló que las deficiencias de la legislación pueden ser corregidas mediante una reforma puntual del Congreso Nacional o a través de decisiones del Tribunal Constitucional, que ya conoce acciones de inconstitucionalidad relacionadas con varios artículos del nuevo Código Penal.

Reconoce avances del Código Penal

Pese a las observaciones, Participación Ciudadana destacó que la nueva legislación incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales, entre ellos el feminicidio, el sicariato, los delitos tecnológicos, los cibercrímenes, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el autosecuestro y la obstrucción de la justicia.

En materia de corrupción, resaltó que el Código Penal tipifica nuevas conductas como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, los acuerdos ilícitos entre comerciantes, la sobrevaluación ilegal, la distracción de recursos públicos y el pago irregular en contratos administrativos.

Además, recordó que la legislación establece que cuando una misma conducta constituya varios delitos podrán imponerse las penas correspondientes a cada una de las infracciones y fija un plazo de 20 años de prescripción para los delitos contra el patrimonio público.

Esperan una reforma del Congreso

Participación Ciudadana informó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley para corregir las deficiencias detectadas en el Código Penal.

En ese contexto, expresó su expectativa de que la propuesta sea remitida cuanto antes al Congreso Nacional, al considerar que el Poder Legislativo debe asumir la responsabilidad de perfeccionar la normativa sin retrasar su entrada en vigencia.