Aplazan para el 5 de agosto revisión de medida de coerción a imputados del caso SeNaSa 2.0

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Hoy es la revisión de la medida de coerción a imputados con orden de prisión del caso SeNaSa

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el próximo 5 de agosto la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados del caso SeNaSa 2.0, luego de que varias de las defensas solicitaran más tiempo para preparar los presupuestos que sustentarán sus planteamientos ante el tribunal.

El juez Deiby Timoteo Peguero acogió la petición de los abogados de algunos de los encartados y fijó para el martes 5 de agosto la continuación de la audiencia, en la que se evaluará si han variado las circunstancias que motivaron las medidas de coerción dictadas contra los procesados.

La directora de Persecución del Ministerio Público, Mirna Ortiz, explicó que el aplazamiento responde a una cuestión de derecho y permitirá que las partes depositen los elementos probatorios y argumentos que serán valorados por el tribunal al momento de decidir si mantiene, modifica o revoca las medidas impuestas.

El caso SeNaSa 2.0 investiga una presunta red de corrupción que, según el Ministerio Público, habría operado entre los años 2020 y 2025 dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante la adjudicación irregular de contratos, el cobro de sobornos y otras maniobras que habrían provocado un perjuicio económico superior a los RD$19,000 millones al Estado dominicano.

Entre los principales imputados figura el exdirector ejecutivo de SeNaSa, Santiago Hazim Albainy, junto a otros exfuncionarios y antiguos suplidores de la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal. El expediente les atribuye cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En el transcurso del proceso, cinco de los diez imputados iniciaron conversaciones con el Ministerio Público para acogerse a un acuerdo penal abreviado y admitir responsabilidad, mientras que otros tres ya habían reconocido el pago de sobornos y obtuvieron arresto domiciliario como parte de su colaboración con las autoridades. Las investigaciones continúan abiertas y el órgano persecutor no descarta que nuevos implicados sean incorporados al expediente.

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