Miguel Valerio afirma que resolución contra Santiago Hazim fue arbitraria y desproporcionada

 

Por Raúl Germán Bautista.– Miguel Valerio, abogado de Santiago Hazim, señalado por el Ministerio Público como cabecilla de una red criminal que desfalcó por más de 15 mil millones de pesos a la Administradora de Riesgos de Salud SeNaSa, explicó este martes que su defendido interpuso un recurso de apelación contra la resolución 0668-2025-SMDC-02421, al considerarla desmedida y desproporcionada.

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“A lo desmedido, a lo desproporcional y a lo antiético de la resolución de primer grado. Fue una resolución, a todas luces, arbitraria, en la que un juez se tomó atribuciones de juez de fondo y destruyó todos los principios del Estado de derecho”, expresó el jurista al referirse al fallo del juez Rigoberto Sena Ferreras, presidente del Octavo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

El caso de corrupción fue revelado inicialmente en el programa “N Investiga”, conducido por Nuria Piera, lo que dio paso a las investigaciones del Ministerio Público, los arrestos y los procesos judiciales posteriores.

En relación con este caso, varios de los imputados recurrieron la medida de coerción que los mantiene en prisión desde el pasado 14 de diciembre, en el marco del proceso judicial seguido por el denominado caso SeNaSa.

IMPUTADOS EN PRISIÓN PREVENTIVA Y ARRESTO DOMICILIARIO

En condición de prisión preventiva se encuentran Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de SeNaSa y señalado como cabecilla del presunto entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Todos apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos en diciembre por el juez de la Oficina de Atención Permanente, Rigoberto Sena Ferreras.

Asimismo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella cumplen arresto domiciliario, con garantía económica y prohibición de salida del país.

Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.