Poder Ejecutivo aprueba extradición de dominicano reclamado por EE. UU. por narcotráfico internacional

 

El Poder Ejecutivo dispuso la entrega en extradición a los Estados Unidos del ciudadano dominicano Pedro José Espinal Arthur, acusado de delitos relacionados con narcotráfico internacional y lavado de activos, según establece el Decreto núm. 48-26, firmado por el presidente Luis Abinader.

La solicitud de extradición fue presentada por la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, mediante la Nota Diplomática núm. 2025-0406, de fecha 27 de mayo de 2025, en la que se requiere la entrega del imputado para ser juzgado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Cargos imputados por la justicia estadounidense

De acuerdo con el decreto, Espinal Arthur enfrenta una acusación criminal registrada como el caso núm. 24-025 (PAD), presentada el 31 de enero de 2024, que incluye los siguientes cargos de asociación delictuosa para cometer lavado de activos, en violación de diversas disposiciones del Título 18 del Código de los Estados Unidos, conspiración para poseer con intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, conforme al Título 21 del Código estadounidense.

También, complicidad en la posesión con intención de distribuir cocaína, también bajo el marco del Título 21 y complicidad en el lavado de instrumentos monetarios, contemplado en el Título 18 del Código de los Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses vinculan estos delitos a operaciones de narcotráfico y manejo ilícito de fondos a gran escala.

Consentimiento a la extradición y trámite simplificado

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia fue apoderada formalmente de la solicitud de extradición el 1 de julio de 2025, a través de una instancia presentada por la Procuraduría General de la República.

Durante una audiencia pública celebrada el 15 de enero de 2026, Pedro José Espinal Arthur optó por el trámite simplificado de extradición, al manifestar voluntariamente su consentimiento para ser entregado a las autoridades estadounidenses, lo que permitió agilizar el proceso conforme a lo establecido en el Tratado de Extradición entre ambos países.

El decreto presidencial se fundamenta en el Tratado de Extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos, aprobado mediante la Resolución núm. 507-16, así como en las disposiciones del Código Procesal Penal dominicano.

Asimismo, se establece que la entrega del extraditable se realizará bajo la condición de que Estados Unidos cumpla con las garantías previstas en el artículo 6 del tratado, relativas a la protección de derechos fundamentales.

La disposición fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Migración, instituciones responsables de ejecutar y dar seguimiento al proceso de extradición.

Por: Yari Araujo