Las denuncias contra Julio Iglesias exponen la falta de regulación y protección de las trabajadoras del hogar en RD

 

Las recientes denuncias por abuso sexual, acoso y presunta explotación laboral contra el cantante Julio Iglesias han generado un fuerte impacto internacional. Sin embargo, más allá de la figura del artista, el caso ha puesto en evidencia una realidad estructural mucho más amplia: la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas y la falta de regulación efectiva sobre su contratación, supervisión y protección, tanto en España como en la República Dominicana.

El caso ha provocado especial conmoción en España, pero también ha encendido alarmas en República Dominicana, donde ocurrieron parte de los hechos denunciados y donde persisten vacíos legales y debilidades institucionales que dejan a miles de mujeres expuestas a abusos en entornos privados, lejos del control del Estado.

Vacíos legales y falta de supervisión

Aunque la República Dominicana ratificó en 2017 el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, su implementación sigue siendo parcial. Uno de los puntos más críticos es la ausencia de una regulación efectiva de las agencias de reclutamiento, tanto nacionales como internacionales.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, reconoció que existen importantes debilidades en la supervisión de este sector.

“Hay muchas cosas que todavía están como cabos sueltos cuando se trata del servicio doméstico y su regularización. Las agencias de reclutamiento no están oficialmente supervisadas por el Ministerio de Trabajo”, admitió el funcionario.

Olivares explicó que, aunque el Código de Trabajo establece requisitos para la contratación de trabajadoras del hogar, la proliferación de agencias privadas sin controles estrictos ha generado un área gris peligrosa.

“Existen diversas agencias que no tienen una regulación estricta, en razón de que es algo relativamente nuevo en la República Dominicana. Estamos en proceso de implementar una resolución que va a regir a estas agencias, especialmente las que reclutan trabajadoras del hogar”, aseguró.

El caso Julio Iglesias: denuncias graves

En ese contexto de desprotección, una investigación periodística publicada esta semana reveló denuncias de agresión y abuso sexual contra Julio Iglesias por parte de una exfisioterapeuta y una empleada doméstica, identificadas con los seudónimos Rebeca y Laura.

Durante más de tres años se recopilaron testimonios y documentos que describen hechos ocurridos en 2021 en las residencias del artista en Punta Cana y Bahamas. Según sus relatos, ambas mujeres vivieron un ambiente de control extremo, humillaciones, restricciones a su libertad de movimiento y agresiones sexuales, incluyendo tocamientos no consentidos y actos de penetración.

“Una vez en Bahamas, él me ofreció meterme los dedos… yo le dije que no. Y lo hizo. Fue muy doloroso. Yo le decía: por favor, para”, relató una de las exempleadas en declaraciones recogidas por elDiario.es.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por la organización Women’s Link Worldwide e incluye cargos por agresión sexual, trata de seres humanos, trabajo forzado, acoso y violaciones de derechos laborales. El caso se encuentra en fase preliminar y bajo secreto de sumario.

Agencias de empleo “a la carta”

La investigación también destapó el funcionamiento de algunas agencias de empleo doméstico, descritas por medios españoles como sistemas de selección “a la carta”, donde los empleadores pueden elegir edad, apariencia física, raza, estado civil y solicitar reemplazos si la trabajadora no cumple con sus expectativas.

“Pueden verlas por videollamadas, pedir análisis médicos… todo lo que ustedes quieran le pueden hacer”, se escucha en grabaciones difundidas por programas de televisión en España.

Aunque estas prácticas hoy pueden acarrear consecuencias legales en Europa, especialistas advierten que durante años fueron toleradas bajo estigmas raciales y miedos sociales, una realidad que aún deja huellas.

Salarios y dependencia económica

Uno de los elementos que agrava la vulnerabilidad es la dependencia económica. En República Dominicana, el trabajo doméstico fue la ocupación peor pagada del país en 2021, con un ingreso promedio de 8,415 pesos mensuales, según datos oficiales.

En ese contexto, un salario de 25 mil pesos, como el que recibían las exempleadas de Julio Iglesias, resultaba atractivo y muy superior al promedio, lo que dificulta aún más que las trabajadoras denuncien abusos por temor a perder su sustento.

La ley existe, pero denunciar sigue siendo un riesgo

El ministro de Trabajo reconoció que, aunque existen normas y nuevas disposiciones penales, la efectividad del sistema depende de que la trabajadora se atreva a denunciar.

“Si el trabajador lo denuncia, inmediatamente se procede. Pero depende de que el trabajador lo denuncie”, afirmó Olivares.

Para organizaciones del sector, esa es precisamente la principal debilidad.

La presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar (ATH), Elena Pérez, explicó que el miedo, la desigualdad de poder y la falta de confianza en el sistema judicial inhiben las denuncias.

“Ellas dicen: ‘Es mi palabra contra la de mi empleador’. Y sienten que no les van a creer, sobre todo cuando es una persona de poder”, señaló.

Pérez advirtió que esta situación es más frecuente en zonas turísticas como Bávaro y Punta Cana, donde la informalidad y el aislamiento facilitan abusos que rara vez salen a la luz.

Una deuda pendiente

Aunque la República Dominicana ha dado pasos importantes, como el establecimiento de un salario mínimo para las trabajadoras del hogar, aún persiste un gran vacío legal: la regulación efectiva de las agencias y la aplicación plena del convenio internacional ratificado hace más de una década.

Hoy, el caso de Julio Iglesias trasciende la figura de un artista mundialmente conocido. Es un espejo de un sistema que sigue fallando. Un sistema donde la falta de reglas claras, controles reales y protección efectiva permite que el poder se imponga, el abuso encuentre espacio y las víctimas queden solas.

Porque cuando no hay regulación, la dignidad laboral se vuelve opcional. Y ese es un riesgo que ya no puede seguir siendo ignorado.