FP cuestiona aumento en la tarifa del agua de la CAASD

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El secretario general de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florián, rechazó el anuncio de aumento en la tarifa del servicio de agua potable realizado por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), al considerar que se trata de una medida injusta e inoportuna que afecta a miles de familias del Gran Santo Domingo.

Florián sostuvo que el agua potable es un servicio público esencial, por lo que no debe utilizarse como mecanismo de ajuste financiero. Indicó que el incremento se produce en un contexto de encarecimiento del costo de la vida, aumento de los servicios básicos y pérdida del poder adquisitivo de los hogares.

Señaló que antes de plantear un aumento tarifario, las autoridades deben priorizar la mejora de la gestión, la reducción de pérdidas, la inversión en infraestructura y la garantía de un servicio continuo y eficiente. También cuestionó la falta de información pública y de un proceso de consulta previo a la adopción de la medida.

En ese mismo sentido se pronunció el ingeniero Hamlet Otáñez, miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, quien recordó que durante 2025 comunidades del Distrito Nacional y de la provincia Santo Domingo denunciaron de manera reiterada la irregularidad del suministro de agua, con sectores que reciben el servicio de forma esporádica o permanecen semanas sin abastecimiento.

Las quejas han sido reportadas en zonas como Ciudad Juan Bosch, Los Mina, Villa Liberación, Los Tres Brazos, Villa Mella, Guaricanos, Pantoja, Herrera, Los Alcarrizos, entre otros sectores del Gran Santo Domingo.

Otáñez consideró inaceptable que, frente a esta situación, la CAASD opte por incrementar el costo del servicio sin que exista una mejora comprobable en la calidad, cantidad y continuidad del suministro, y advirtió que se está trasladando a los usuarios el peso de ineficiencias estructurales del sistema.

Asimismo, señaló que la baja cobertura de micromedición en el Gran Santo Domingo impide una facturación basada en el consumo real, lo que dificulta la aplicación de un esquema tarifario equitativo. Indicó que aumentar tarifas en un sistema con deficiencias operativas y desigualdades territoriales profundiza la inequidad en el acceso al agua potable.

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