CC detecta irregularidades en gestión de Yokasta Guzmán al frente de Compras y Contrataciones

 

Entre los años 2017 y 2020, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas ejecutó de sin la debida transparencia recursos ascendientes a los RD 1, 257,957, 239 del Presupuesto Nacional.

Así lo establece el resultado de una investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas al organismo durante la gestión de Yokasta Altagracia Guzmán.

El informe establece que en la investigación se detectó irregularidades que en los pagos de nómina, en la asignación de combustible, en la retención de impuestos; el 30% dejado de cobrar por concepto del TBIS, activos no registrados en la entidad, falta de estados financieros, pagos irregulares del sueldo 13 y otras

Según el informe de la experticia, las autoridades anteriores de la Dirección General de Contrataciones dejaron de retener para el fisco la suma de RD$ 12,707,079 y RD$ 3,210,877, respectivamente.

Otra de las revelaciones de esta investigación es que el organismo dejó de retener otros compromisos fiscales por RD$ 2,116,687; así como entrega de combustibles a funcionarios por encima del monto asignado, lo que sumó RD$ 1,117,00 de diferencia durante el periodo auditado.

En 2017, la directora general de la entidad, Yokasta Altagracia Guzmán, se adjudicó una partida de RD$1,950,000 en combustibles, al año siguiente la redujo a RD$ 980 mil, pero en 2019 volvió a aumentar la RD$ 1,675,000, mientras que el resto de los funcionarios recibían un máximo de RD$125,00 pesos al año del insumo.

En tres años y siete meses la funcionaria, encargada de regular las compras y contrataciones públicas consumo en carburantes la suma de RD$ 4,830,00, sin los documentos soporte que justifique su uso, indica la auditoría financiera.

La falta de transparencia afectó por igual activos fijos como dos camionetas para la entidad, que no fueron registrados en el sistema de propiedades de la institución.

El estudio también documenta y cuestiona los desembolsos en las cuentas de materiales y suministros del consumo de comida y bebida para personas; combustibles, material de oficina, bonos, electrodomésticos, vehículos y otros, por la suma de RD$ 150.368,024, pero que no fueron cancelados con el sello de pagado, como indica la Ley 10-07 de Control Interno de la Contraloría General de la República.