Solo cinco funcionarios han sido sometidos al fuego de juicio político

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 En los últimos 60 años, vía el Congreso Nacional, solo fueron destituidos un síndico y un miembro de Cámara de Cuentas

En la República Dominicana, los casos de interpelación o juicio político con consecuencias como destitución o sometimiento a la justicia se pueden contar con los dedos de una mano y sobrarían dedos. Parecería que es más fácil que “un camello pase por el ojo de una aguja”, como dice el texto bíblico, que un funcionario pierda su cargo, vía una interpelación.

Un recorrido por las páginas de la historia del Congreso Nacional evidencia que pocas veces una solicitud de interpelar a un funcionario público para rendir cuentas de asuntos de su competencia tiene éxito.

Y en los casos, que se logra sentar al cuestionado servidor público en el banquillo, mayormente sus explicaciones logran convencer a la mayoría de los legisladores.

Pero toda regla tiene sus excepciones. La prensa solo registra dos sonoros juicios políticos que terminaron en la destitución de dos funcionarios en épocas muy distante. El más reciente se llevó a cabo en 2008 a miembros de la Cámara de Cuentas, acusados de cometer irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Mediante la resolución No.00575, la Cámara de Diputados acusó y sometió ante el Senado de la República, a los miembros de la Cámara de Cuentas: Andrés Terrero Alcántara, Henry Mejía Oviedo, José Altagracia Gregorio, José Altagracia Maceo, Julio De Beras, Luis Yépez Suncar, Alcides Benjamín Decena Lugo, Juan Adalberto Lora Ruiz y Freddy Bolívar Almonte Brito.

El resultado del juicio político contra cuatro miembros de la Cámara de Cuentas fue la destitución de Alcides Decena Lugo, el 4 de julio del 2008, tras evidenciarse que incurrió en “fallas administrativas”. Los demás miembros del órgano, incluyendo su presidente, renunciaron antes de esperar la decisión.

Alcides Decena Lugo, miembos de la CC.

Destitución de síndico del DN

A este acontecimiento solo le precede el juicio político contra el entonces síndico del Distrito Nacional, doctor Manuel Antonio Jiménez Rodríguez (Manolín), como oveja a la trasquiladora, fue dirigido el funcionario municipal, acusado de alegada conspiración contra el gobierno, para que comparezca a un juicio político que concitó la atención nacional el 27 de abril 1972, día en que se dio la irrevocable decisión de su destitución.

Uno de los considerando de la resolución del Senado que justifica dicha destitución, firmada por el presidente de entonces, Adriano Uribe Silva, sostiene que el Síndico del Distrito Nacional, “ha incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, consistentes en realizar actividades y diligencias enderezadas a subvertir el orden constitucional de la República, haciendo contactos con determinados miembros de las Fuerzas Armadas del país para inducirles al derrocamiento del actual régimen constitucional, según consta en el expediente enviado por la Cámara de Diputados, y examinado por esta Alta Cámara”.

Manolín Jiménez Rodríguez, síndico DN.

Balaguer y las interpelaciones

Uno de los Gobiernos con más interpelaciones a funcionarios públicos lo encabezó el doctor Joaquín Balaguer.

Recién se estrenaba la figura de “interpelación” en la Constitución cuando en marzo de 1967 el entonces diputado reformista por Pedernales, Augusto Féliz Matos, abrazando una solicitud de la Asociación de Empleados del Bagrícola, pidió a la Cámara Baja interpelar al administrador general del Banco Agrícola, Rafael David Castillo.

Al funcionario se le acusaba de incurrir en irregularidades, entre ellas haber “recibido 17 mil pesos al ser trasladado como vicegobernador al Banco Central, retornando de nuevo antes de un mes como administrador general del Bagrícola”. Pero la solicitud no concitó apoyo.

La venta de sangre

Francisco Armando Ortega Ventura, en su condición de director general del Instituto de Seguros Sociales (IDSS) para 1971, es de los pocos funcionarios que han comparecido ante el órgano legislativo a rendir cuentas de su accionar.

La acusación que rodeaba esta interpelación era grave, con el elemento de que era el propio presidente de la República, Joaquín Balaguer, quien la motivaba. Para entonces, la prensa se hacía eco de que en el IDSS se desarrollaba un negocio lucrativo con la venta de la sangre.

La interpelación no se hizo esperar. La moción a la asamblea fue sometida por el diputado reformista Juan Esteban Olivero, quien advertía que si se evidenciaban pruebas irrefutables, la Cámara Baja acusaría al doctor Ortega Ventura ante el Senado, a los fines de recomendar al Poder Ejecutivo su destitución.

Con algunas voces en contra, la solicitud logró pasar con el concurso de la mayoría, excepto la del presidente de la Cámara, Atilio Guzmán Fernández, quien prefirió no votar.

El libro Historia de la Cámara de Diputados (1844-1978), autoría de José Che Checo y Mu-kien Adriana Sang, registra que la interpelación tuvo lugar a finales de marzo de 1971.

“Después de una larga sesión de preguntas, respuestas, ataques y defensas, la Cámara de Diputados comprobó que el doctor Francisco Armando Ortega Ventura no había cometido irregularidades en el desempeño de la dirección general del (IDSS)”, reseña el documento.

Meses después surgieron otras denuncias sobre la venta de Sangre. Esta vez provenían del Secretario de Salud Pública, doctor Héctor Pereyra Ariza, cuyas acusaciones contra legisladores y funcionarios del Gobierno generaron malestar entre los congresistas, quienes respondieron con la solicitud de interrogar al funcionario.

Según las declaraciones del titular de Salud de la época, recogidas en un artículo del periódico el Sol, “el dinero estaba comenzando a correr entre los legisladores para que se mantuviera el negocio del plasma humano, y peor aún, que estaban involucrados también funcionarios del Gobierno cuyos despachos estaban ubicados en el Palacio Nacional”.

Pereyra Ariza advertía que la intención de los legisladores, negociantes de sangre y funcionarios del Gobierno, era bloquear el proyecto de ley que prohibía la exportación de sangre y sus derivados, el cual había sido ya aprobado por el Senado. Sus confesiones fueron consideradas como una ofensa al Congreso y al Gobierno, lo que motivó que nueva vez el diputado Juan Esteban Olivero, sometiera una solicitud de interpelación, en esta ocasión apuntaba al titular de salud, petición que se desvaneció entre discusiones infructuosas.

Legisladores de la oposición con poca fuerza para interpelar
Al hacer referencia al dinamismo legislativo de 1969, el primer tomo de la “Historia de la Cámara de Diputados” destaca en negrita que el grosor de las iniciativas provenía del partido oficialista, sin embargo, precisa que la oposición, representada por el PRD, “hizo grandes esfuerzos por tener una mayor incidencia, pero la mayoría de sus propuestas eran desestimadas”.

Una de las mociones rechazadas fue el pedido de interpelar al excoronel del Ejército Nacional, José A. Rodríguez Alba, a los fines de que ofrezca “los nombres de las personas que componen las fuerzas incontrolables que forman parte de los institutos castrenses”.

La solicitud fue desestimada por los legisladores que afirmaban que el reglamento interno de la Cámara no lo permitía x Otro intento de interpelación fracasado fue el requerimiento hecho por el entonces senador Pablo Reyes Casimiro Castro ante la Cámara de Diputados para que cite al Secretario de Interior y Policías con el propósito de que responda a las supuestas violaciones a la Constitución por parte de la Policía Nacional.

El miembro de la del bloque de la oposición basaba su demanda en cuestionables actuaciones de la uniformada, entre ellas la detención de un grupo de obreros cuando estos se celebraban una reunión. Pero su pedido fue desestimado. En 1966 se sometió la moción que atribuye al Congreso Nacional la facultad para interpelar no solo a los ministros, sino también a los directores o a los administradores de organismos autónomos del Estado sobre asuntos de su competencia, “cuando así lo acordase las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara que así lo solicite, a requerimiento de uno o vario de sus miembros”..

“A los gobiernos no les gustan la interpelación”

El diputado reformista Máximo Castro es el congresista con más tiempo en la función de legislador. Recuerda que en los gobiernos de Joaquín Balaguer fueron interpelados varios funcionarios, entre ellos ministros y directores, práctica que, según dijo, cada día es menos frecuente. “A ninguno de los que han gobernado después de Balaguer le gusta que le interpelan a sus funcionarios, distinto al Presidente Balaguer que le gustaba que interpelaran. A los funcionarios él le decía deben ir porque eso es importante”, expresó. Destacó que los servidores públicos interpelados hacen un gran esfuerzo por no asistir a estos llamados o envía funcionarios de segunda categoría. Recuerda que de los pocos funcionarios interpelados en los Gobiernos del PLD fue el exministro de Turismo, Felucho Jiménez, para que responda ante cuestionamientos.

Maximo Castro

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